Por Osvaldo Santana
Un joven de un municipio de no más de 23 mil habitantes fue despojado de su motor nuevo. Él le había instalado un GPS, y se trasladó al cuartel policial, con la ubicación del sitio donde habían llevado el aparato. Le fue concedido un policía para el descenso, y cuando llegó, ya el motor estaba desarmado. Reclamó y los ladrones le dijeron que sí, que ese era su motor, que podía llevárselo, pero en su intento, un grupo de elementos salieron de la nada, y junto con el agente, debió huir bajo amenaza de ser atacado.
En La Ureña, en Santo Domingo Este, una mujer tuvo que huir de su vivienda por repetidas agresiones de su pareja. Poco después, el hombre la citó al hogar, en buen ánimo, donde la esperaría con un “abogado” para resolver sobre el bien de familia, la vivienda que habían levantado entre los dos. Cuando llegó no había ningún abogado, el hombre le entró a golpes, le arrebató el celular y su cartera. Afortunadamente, logró escapar. Ella acudió a la fiscalía de la calle Puerto Rico del ensanche Ozama, le recibieron la denuncia y le prometieron que el hombre sería citado. Lleva tres meses acudiendo a la fiscalía sin que la oficina emita la citación.
Las historias de sobrevivencia a atracos, robos y asaltos contradicen las estadísticas de estos tiempos que sugieren una Nación segura, en la cual, según cifras oficiales, predomina una tasa de homicidios de 9.95 por cada 100 mil habitantes.
Hay una distancia entre los números fríos y la realidad de la gente de a pie en barrios o en calles céntricas, incluso en zonas bajo vigilancia policial, como la Colonial, donde el fin de semana del 3 de agosto en la noche, ocurrió un asalto espectacular en la calle Duarte esquina Juan Isidro Pérez, contra unos vecinos que disfrutaban unas frías en un colmadón. Ese no era un caso único en la Zona. Días después, las autoridades dispusieron un servicio especial en adición a los agentes de Politur.
Un análisis de Omar Santana, el pasado 6 de agosto, en pronosticamdia.com refiere que si bien “la tasa de homicidios de 9.95 por cada 100 mil habitantes sería un mínimo en los últimos cinco años, sería interesante evaluar si esta reducción se debe a un ajuste estadístico al actualizar los datos de la población del X Censo, y si incluyen exclusivamente los considerados homicidios intencionales”.
Hechos como los anteriormente relatados no entran a los registros publicados por los medios de comunicación. Son insignificantes para el sistema de justicia. Si pudieran ser contabilizados, los asaltos, más de uno por día, según Listín Diario (13 de agosto de 2024), podrían elevarse a una cifra innumerable.
Las autoridades
A decir verdad, el tema de la inseguridad ha sido constante preocupación del ministro de lo Interior Jesús Vásquez, y extraordinariamente del presidente, quien se traslada cada lunes al palacio de la Policía para darle seguimiento. Han impulsado mejoras en los ingresos y las prestaciones sociales, pero los uniformados continúan siendo un factor de multiplicación de la violencia, tanto, que no hay certeza acerca de si los intercambios de disparos son parte de “una política” de persecución del delito o una respuesta auténtica a la violencia de los criminales.
Las alarmas del gobierno frente a la violencia se dispararon cuando en 2021 una pareja religiosa que regresaba de la región Norte fue asesinada en Villa Altagracia por agentes policiales, llamados a ser garantes de la seguridad ciudadana. Luego, otro agente asesinó a una joven arquitecta en Boca Chica.
Ahora, el presidente Abinader va a un nuevo cuatrienio, con la agenda de la seguridad ciudadana y su complemento la reforma policial en la carpeta, dos temas vinculados a los cuales ha dedicado muchas horas de trabajo. Obviamente, le genera preocupaciones mayores, pero los resultados frente al crimen no constituyen una nota positiva. Falta demasiado por hacer.
Percepción y realidad
Pese a todos los esfuerzos de las autoridades, las cifras que hablan de un descenso de la tasa de homicidios, la realidad con la que tienen que vivir los ciudadanos sugiere lo contrario. Las personas continúan sintiéndose inseguras.
Y surge de nuevo el dilema sobre la violencia en las calles: ¿percepción o realidad? El manejo de las cifras sobre víctimas de la violencia criminal o vecinal (los conflictos sociales y en el hogar) o la protagonizada por los agentes policiales, no ayudan a fortalecer la confianza ciudadana.
Las autoridades prefieren hablar de tasa de homicidios, pero no informan con calidad sobre el número de víctimas, según los registros policiales.
Hasta el año pasado, los medios registraban muertos a consecuencia de homicidios o hechos violentos con una media anual de más de mil personas. En el año 2019 los homicidios totales fueron 1,232; en 2020 (año de la pandemia) descendieron a 1,136 homicidios; en 2021 subieron a 1,349. Posteriormente presentaron un pico, en 2022, a 1,628 homicidios, con una reducción a 1,501 en el 2023.
Menos o más víctimas fatales necesariamente no reflejan por completo el estado de violencia o de inseguridad; habría que considerar la cantidad de robos o atracos, más los altos volúmenes hechos de ratería que estimulan la percepción de inseguridad.
Las autoridades no fortalecerían la confianza ciudadana si de verdad están manipulando loas datos sobre el crimen, porque crearían una falsa percepción de la realidad que chocaría con la cotidianidad.
El nuevo cuatrienio
El nuevo cuatrienio es otra oportunidad para el presidente Abinader aumentar los niveles de eficiencia en la seguridad ciudadana, sea por la insistencia en la coordinación de las instancias vinculadas, por la adecuación de los medios e instrumentos de prevención y persecución del crimen, el alineamiento de las agencias e instituciones públicas, y propiciar la participación de las organizaciones barriales y sociales cercanas a la ciudadanía, que pueden desempeñar un importante papel tratando de involucrar a las personas para mejorar la convivencia social.
Para eso, es preciso una política más abarcadora, que incluya planes que puedan ser empujados con la colaboración de los entes productivos con responsabilidad social.
