POR SANTO SALVADOR CUEVAS
De nuevo la Junta Central Electoral (JCE) pretende dar señales de buen gerente y administrador imparcial del proceso electoral, de cara a las Elecciones Generales Municipales, Congresuales y Presidenciales del 2024, y que tiene como centro de debate y de preocupación ciudadana, el uso abusivo que hacen los funcionarios públicos, de las carteras que administran.
El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), acaba de presentar al país la Resolución 38-2023, mediante la cual se ponen límites a todos los funcionarios que administran instituciones autónomas y los ayuntamientos.
En uno de sus artículos esta Resolución 38-2023, que emana del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), establece que: De acuerdo con la Constitución y las leyes, "los funcionarios públicos de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por un partido, agrupación o movimiento político, para cargo de elección contenido en la Constitución y las leyes, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta Electoral o la Junta Municipal Electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones".
Son innumerables, y es muy evidente el mandato de este tribunal administrativo, que todos los funcionarios que administran fondos públicos, deben cesar en sus funciones desde el momento mismo en que los órganos competentes (JCE y JME) le declara como candidatos oficiales.
Eso está muy bien, si de poema plasmado en el papel se trata.
Pero la realidad es otra, pues hasta ahora, cuando faltan apenas dos meses para que el 18 de febrero celebremos las elecciones municipales, ningún funcionario público ni alcalde municipal o director de junta ha tomado licencia.
Ninguna gobernadora civil, ni director general, ni ministro alguno, que son candidatos por su organización política, ha presentado licencia de sus funciones.
En medio de esa realidad, en medio de una resolución de la JCE que ordena el comportamiento de los funcionarios públicos, lo que prevalece en todo el territorio nacional es la francachela oficial, en donde todos los funcionarios públicos reparten, hasta en actos partidarios, millares de bonos de $1500, decenas de inauguraciones de obras, cientos de favores y regalos para ablandar conciencia.
Sin que la Junta cuente con mecanismos legales para actuar, sin que el Ministerio Público proceda contra estos evidentes casos de corrupción y de violación infraganti del debido proceso, es muy poco probable que se ejecuten las sanciones por estas violaciones.
Apenas faltan dos meses para las elecciones, nadie hace cumplir las leyes, y el oficialismo continúa tomando ventajas de este proceso clientelar y abusivo, en donde será imposible detener un intento reeleccionista que es de vida o muerte para los gobiernistas.
La JCE debe pasar del dicho al hecho y proceder de frente para que esa Resolución 38-2023 no venga a ser otra de las tantas letras muertas.
