Cuando el gobierno de Luis Abinader se preparaba para cerrar el año con perspectivas favorables, según el Banco Central y los ministerios de Economía e Industria y Comercio, el huracán Fiona se presenta como el último reto que al mismo tiempo es una oportunidad.
Bajo los prejuicios alimentados por algunos sobre la buenaventura o la mala racha, la administración del presidente Abinader deberá responder con calidad el nuevo desafío, el huracán Fiona, que destruyó o afectó alrededor de 8 mil 300 viviendas en las regiones Este y Nordeste, impactó la agricultura y agravó las condiciones de vida en una zona donde se extreman dos realidades: los favorecidos en la zona costera por la industria turística y los ubicados más al interior del territorio, Hato Mayor y El Seibo, con indicadores relativos menos favorables.
Se trata de una situación nueva que pesa sobre el Presupuesto Nacional, ya bajo los embates del aumento de los gastos por la inflación a causa de factores externos, como el escalamiento de los combustibles, la ralentización de los suministros, alterados desde el inicio de la pandemia COVID-19 y agravados por la guerra de Rusia en Ucrania, y ahora el caos en que vive el cercano Haití, que amenaza el intercambio comercial en la isla y presiona las migraciones hacia el lado Este.
Desde cualquier punto de vista, el gobierno está ante un nuevo reto que a la vez es una nueva oportunidad para mostrar eficacia en el manejo de crisis, que, si bien es un hecho nuevo, no es extraño a la cultura insular caribeña, donde las tormentas o ciclones son parte de la rutina de cada año, desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Y, de hecho, la ley ordena a los gobiernos en las previsiones presupuestarias consignar partidas para este tipo de eventualidades.
La acción del gobierno
Es necesario consignar la pronta reacción del poder público ante la aparición de Fiona. El presidente, que tiene un comportamiento súper reactivo, lo primero que hizo fue acudir a la zona de desastre e inmediatamente decretar el estado de emergencia para las provincias afectadas, desde La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. Asimismo, dispuso la movilización de las distintas agencias para asistir a las personas y encarar la recuperación subsiguiente.
El país igual ha reaccionado con mismo empeño en solidaridad con las regiones castigadas, con ayudas voluntarias, en las cuales resaltan grandes empresas, como los bancos Popular, Reservas, Centroamericano de Integración Económica, la Sociedad Industrial Dominicana y otras entidades privadas, más los voluntariados civiles y personas individuales. Y el Papa Francisco expresó muy prontamente su aflicción, y pidió solidaridad con las víctimas.
El presidente Abinader no sólo acudió a los lugares y movilizó la acción pública. También involucró a los partidos políticos y a la sociedad civil, a los cuales convocó al Palacio Nacional, para escuchar sus ideas y recomendaciones para manejar la situación. Una jugada importante que los coloca de su lado, en un momento en el que nadie puede decir no. La concurrencia fue general.
También dispuso la entrega de recursos extraordinarios, más de RD$99 millones para las alcaldías de los municipios afectados, sin que se tenga certeza de cómo serán distribuidos o utilizados, en atención a criterios de prioridad o necesidad.
El manejo de la recuperación
Ahora corresponde al presidente y su equipo manejar el proceso de recuperación, mediante acciones tendentes a reparar los caminos vecinales, puentes y vías en general, los cultivos e infraestructuras del sector agrícola, las unidades productivas en general de los grupos más vulnerables y los sistemas de suministro de agua potable.
Pero antes está el esperado balance real de los daños, que se esperaba para el pasado lunes 26 de este mes de septiembre. Un levantamiento de calidad es fundamental para encarar la situación, y en esa misma dirección la disposición del gasto, por dónde iniciar, determinar la escala de prioridades para que la recuperación sea en los términos deseados.
También se plantea la calidad e integridad con que habrán de ser manejados los recursos disponibles en un estado de emergencia, con cuáles criterios de compra y contrataciones obrarán los agentes del gobierno, advertidos ya por el propio presidente Abinader de que los recursos deben ser invertidos donde realmente se requiera.
Emergencia por disposición congresual
Ya al cierre de la semana que terminó el pasado 24 de septiembre, el presidente de la Cámara de Diputados reveló que el presidente Abinader había solicitado al Congreso la declaración del “estado de emergencia” en las provincias afectadas por el huracán.
Una decisión como esa amerita una evaluación sensata del Congreso, sobre todo en término de la duración, y acerca de si realmente es necesaria, toda vez que ya el propio gobierno declaró por decreto la emergencia para adoptar las urgentes acciones.
Los afectados esperan
Mientras, los afectados de Fiona esperan, y poco les importa que sea declarado de una u otra forma el estado de emergencia. Reclaman soluciones inmediatas, sobre todo quienes perdieron sus viviendas, la mayoría en pésimas condiciones materiales, por las razones harto conocidas, la pobreza, que no les permite construir un techo digno, condenados a mal vivir en la marginalidad, en lugares y condiciones vulnerables, expuestos a los fenómenos recurrentes de la Naturaleza.
