Por Nelson Cuevas Medina
La corrupción es una práctica corrosiva que afecta la administración pública y erosiona la confianza del ciudadano en sus instituciones. Este flagelo, si no es judicialmente sancionado y carece de un régimen de consecuencias, termina socavando el erario y perjudicando los aportes de los contribuyentes.
A pesar de que surgen constantemente denuncias de actos corruptos, es común que los gobiernos en funciones eludan las acciones judiciales contra sus propios funcionarios, ya sea por su prominencia en el partido de gobierno o, en algunos casos, mediante destituciones sin repercusiones legales.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder en 2020 con la promesa de "erradicar la corrupción y acabar con la impunidad", un compromiso que sus líderes esgrimieron desde la oposición al señalar que la corrupción había corroído los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
¿Los primeros pasos de los gobiernos del PRM marcaron un verdadero avance en materia anticorrupción?
La designación de una nueva Procuradora General de la República, (PGR), Miriam Germán Brito, junto a sus adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, además de fiscales de perfil independiente, despertó esperanzas de una persecución imparcial de la corrupción administrativa, en consonancia con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Las primeras acciones judiciales en contra de exfuncionarios y figuras políticas relacionadas con los gobiernos anteriores parecieron confirmar esta intención y establecieron un tono firme en los primeros meses del primer gobierno del PRM.
Sin embargo, pronto surgieron señales de que esta “escoba nueva” parecía barrer solo en una dirección. A medida que avanzaba la administración, surgieron múltiples escándalos de corrupción en diversas instituciones gubernamentales. La respuesta del gobierno ante tales casos dejó serias dudas sobre la consistencia de su compromiso con la transparencia y la justicia.
¿Retórica o realidad en los escándalos del PRM?
Desde los primeros meses de la gestión actual, diversos casos de corrupción han salido a la luz, evidenciando una disparidad entre el discurso anticorrupción y las acciones concretas.
Algunos de los incidentes más notables incluyen:
-Lotería Nacional (2021): Un fraude en un sorteo involucró a altos funcionarios, sacudiendo a la opinión pública. Aunque el Administrador, Luis Maisichell Dicent, fue destituido y llevado a la justicia, su absolución final dejó interrogantes sobre la profundidad de la investigación y la disposición del gobierno para llegar al fondo del caso.
-Ministerio de la Juventud: La renuncia de la ministra tras cuestionamientos a su declaración patrimonial y gestión de negocios anteriores, reveló un enfoque gubernamental más centrado en contener daños que en garantizar una auténtica transparencia. La falta de acciones judiciales en su caso y en el de su sucesora, también destituida, cuestiona la seriedad del gobierno en su promesa de rendición de cuentas.
-Ministerio de Salud Pública: La supuesta compra irregular de jeringuillas a precios inflados derivó en la destitución del ministro. No obstante, el caso no avanzó hacia acciones judiciales adicionales, lo que plantea dudas sobre la autonomía del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción dentro del propio PRM.
INTRANT: Denuncias de sobrevaloración de equipos y contratos irregulares motivaron una intervención judicial tardía, impulsada más por la presión pública que por una iniciativa del gobierno, lo que sugiere una falta de proactividad frente al discurso y acciones anticorrupción del Ministerio Público.
¿Justicia selectiva o autonomía real?
Bajo la dirección del actual Ministerio Público, se intensificó la ofensiva judicial contra exfuncionarios del PLD y figuras allegadas. Sin embargo, algunos sectores han interpretado esto como un uso político de la justicia para debilitar a la oposición. La diferencia en el trato hacia exfuncionarios del PLD y la aparente tolerancia ante los escándalos del PRM, refuerza la percepción de un "doble rasero". Esta selectividad en las acciones alimenta la preocupación de que la lucha anticorrupción es menos un esfuerzo genuino y más un recurso para consolidar el poder.
¿El PLD frente a los escándalos del PRM: estrategia u oportunidad perdida?
Mientras el PRM intenta proyectar transparencia mediante destituciones, muchos de sus casos de corrupción no han llegado a la justicia. Esta desigualdad planteó dudas sobre la autenticidad de su política anticorrupción y sugiere que esta puede ser una herramienta para fortalecer su imagen electoral.
Ante esta situación, el PLD mantuvo una postura pasiva frente a los escándalos del PRM. Algunos analistas sugieren que esta estrategia de inacción responde al interés de proteger a sus líderes de posibles represalias judiciales.
Sin embargo, esta falta de reacción ha impedido al PLD aprovechar políticamente las debilidades del PRM y reposicionarse como una opción viable para los votantes. Los recientes resultados electorales reflejan las consecuencias de esta ambivalencia.
Carlos Amarante Baret, recientemente expulsado del PLD, ya había advertido sobre esta inacción, señalando que el su partido, no había asumido una postura clara frente a las acusaciones de corrupción contra sus dirigentes.
¿Reforma Constitucional para un Ministerio Público autónomo?*
La reciente reforma constitucional, presentada con el propósito de dotar al Ministerio Público de mayor independencia, ha sido anunciada como un avance en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, en un contexto donde la independencia del sistema judicial es cuestionada y la transparencia parece parcial, esta medida podría terminar siendo simbólica si no se aplica de manera imparcial.
La verdadera autonomía del Ministerio Público se demostrará en su capacidad para actuar con equidad, sin distinción entre aliados y opositores. Solo así podrá ganarse la confianza pública y contribuir a la construcción de un Estado verdaderamente justo y democrático.
Construir un sistema judicial transparente y apartidista
Es urgente construir un sistema judicial transparente y justo donde la lucha contra la corrupción no sea utilizada como una herramienta política. Solo con un compromiso auténtico se logrará fortalecer la democracia y ofrecer al ciudadano un sistema que responda genuinamente a sus demandas y les dote de confianza en las instituciones judiciales.
Tienes mucha Razon,según veo van a terminar muy mal y ojalá no haya borrón y cuenta nueva porque hasta el perrito de Abinader va preso.
La lucha anticorrupción es una fachada aparatosa.
Cuando Leonel Fernández, gobernó, hubo un equipo de juristas experimentados que prepararon las principales herramientas para que el aparato judicial, actúe en consecuencia y aplique todo el peso de la ley, a los que delinquen en contra del dinero del pueblo..
En el primer gobierno de Danilo, él mismo, dijo:
Que tan solo él rumor público, donde un funcionario cometiera un acto doloso, inmediatamente sería apartado de su cargo y sometido a la acción de la justicia.
Habiendo montones de corruptos, nunca ocurrió, ni una cosa ni la otra.
Por otro lado, Daniel Medina, afirmó con mucho ahínco, que en los países nórdicos, cuando un miembro de una familia se robaba algo, esa camisa lo apartaba de manera deshonhorrosa del núcleo familiar, aún el pueblo dominicano está a la espera de que Danilo, aparte Alexis Medina su hermano y a su hermana que estafaron de manera criminal, con el dinero del estado..
En el caso del PRM, y de Luis Mentira Abinadel, nunca podíamos esperar que desde ese litoral, viniera una lucha anticorrupción real, todo ha sido un engaño, engañaron a Mirian Germán, y a su equipo de trabajo y a sus técnicos en todo el aparato judicial, ahí está Milagros Ortiz Bosch, que se ha dedicado a decirle al país, de que en su poder existen, "un montón de expediente con acusaciones claras de hábitos ilícito, y ya no más.
Queda claro que Luis Mentira Abinadel, engañó al país,con una supuesta lucha anticorrupción, que nunca la han platicado, al revés, él, Luis es un cómplices de los vagabundos de sus gobiernos.