Por Antonio Isa Conde
La reciente propuesta de Ley de Modernización Fiscal presentada por el gobierno es solo eso, una propuesta.
Sin embargo, a diferencia de proyectos de reformas anteriores, esta vez el gobierno cuenta con una ventaja crucial: el control del Congreso, lo que podría facilitar su rápida probación.
Aun así, como bien dice el dicho, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, los detalles finales de esta reforma están sujetos a cambios.
Aunque es una imprudencia de mi parte emitir una opinión por sencilla que sea, antes de escuchar a los expertos, mi experiencia de vida y mi profunda creencia de que las políticas públicas deben tener como centro el desarrollo humano, me obligan hacerlo.
Si bien la propuesta incluye algunas innovaciones, la esencia sigue siendo la misma: es un proyecto regresivo y profundamente injusto que golpea principalmente a los sectores de menos recursos, en especial a la clase media. El gobierno busca las vías más sencillas para recaudar, pero no mide el impacto devastador que esto tendrá en los bolsillos de quienes ya enfrentan una economía desigual y cargada de inequidades.
Entre las medidas importadas del extranjero se incluye la obligación de que los empleados que ganan más de 50,000 pesos mensuales presenten una declaración jurada anual. Aunque este tipo de figura es común en otros países, la República Dominicana no cuenta con los mecanismos necesarios para manejar el volumen y la complejidad que esto implica. Sin una estructura adecuada y sin el personal capacitado, esta medida no solo será difícil de implementar, sino que fomentará la corrupción, como ya hemos visto en otras áreas, donde se han privilegiado a destiempo ideas importadas. O sencillamente se han convertido en letras muertas.
Para no hablar de la amplia generalización del ITBS (en el proyecto IVA), me pregunto en forma jocosa quién focalizará el IVA a la zanahoria, el mango o las espinacas.
Veremos cuáles serán los resultados, y créanme si les digo que quisiera estar equivocado.
